• Tras una persecución y operativo cerrojo, en su interior se secuestraron elementos sustraídos a una vecina de barrio Yofre Norte.
• El procedimiento fue realizado por personal policial y del programa Cordobeses en Alerta con el apoyo de las cámaras del 911.
• La denuncia y los datos aportados por la damnificada fueron claves el éxito del operativo.

Agentes de la Policía de Córdoba, comisionados por personal de Cordobeses en Alerta, concretaron el secuestro de un vehículo marca Fiat Qubo color rojo sin ocupantes, que registraba pedido de secuestro por parte de la Justicia desde el pasado 26 de febrero.

En el interior del auto se hallaron pertenencias sustraídas en la vía pública a una vecina de barrio Yofre Norte. Entre los elementos recuperados se encuentran dos teléfonos celulares, un par de lentes y documentación a nombre de la damnificada.

El exitoso procedimiento con persecución y operativo cerrojo inició en barrio Yofre Norte y finalizó en las calles Tomás de Irobi y Gaspar de Quevedo, de barrio Marqués de Sobremonte.

El procedimiento fue realizado por personal policial y del programa Cordobeses en Alerta con el apoyo de las cámaras del 911.

Cordobeses en Alerta

El programa “Cordobeses en Alerta” ya se aplica en 20 barrios de la ciudad de Córdoba: Yofre Norte, Yofre H, Yofre I, IPV, Urca, Ampliación Urca, Parque Tablada, Tablada Park, Cerro Chico, Quebrada de las Rosas, Chateau Carreras, Altos del Chateau, Inaudi, Posta de Vargas, San Vicente, Kronfus, Los Cronos, Villa La maternidad, Villa El Milagro y Mirador.

Los ciudadanos, vía Whatsapp, pueden reportar situaciones de emergencia, actividades sospechosas, siniestros viales, violencia por motivos de género y otros incidentes relevantes en tiempo real, enviando fotos, ubicación, videos, mensajes de texto y audios.

El gobierno provincial, junto al municipio, planean extender esta iniciativa de forma gradual y progresivamente a otros barrios y zonas de la capital provincial.

• Se trata de más de 60 mil kilos de productos, entre los que se cuentan ropa de cama, artículos de limpieza y alimentos no perecederos.

Los camiones que partieron el viernes desde la sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) arribaron ayer sábado al campus de la Universidad Provincial del Sudoeste.

Hoy domingo continuaba el operativo para descargar y clasificar los más de 60 mil kilos de donaciones que llegaron en tres camiones con acoplado.

Ropa de cama, lavandina y artículos de limpieza, toallas y toallones, alimentos no perecederos y productos de higiene personal son algunos de los elementos enviados gracias a la colaboración y solidaridad de miles de cordobeses de toda la provincia.

Las sedes de la UPC de Capital e interior fueron punto de recepción de las donaciones para los afectados por el temporal, participando así en la Campaña Solidaria por Bahía Blanca, junto a la Universidad Provincial del Sud Oeste.

• La nueva infraestructura dará impulso a la producción agroindustrial del sur provincial.
• La inversión será superior a los 11.400 millones de pesos.
• Las obras se desarrollarán en el marco del Plan de Igualdad Territorial del Noroeste y el Sur Sur Cordobés, anunciado por el gobernador Martín Llaryora el pasado 1 de febrero.

En la sede del Ministerio de Bioagroindustria, el ministro Sergio Busso encabezó la firma del contrato para la construcción de la línea aérea de media tensión 33 kV. Villa Valeria – Nicolás Bruzone, que demandará una inversión de más de 11.400 millones de pesos, financiados a través del Banco Mundial en el marco del “Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos CIAF – AGRO XXI”.

La obra incrementará la capacidad de potencia, lo que facilitará nuevas conexiones para productores que actualmente no tienen acceso al servicio, así como el impulso de nuevas inversiones en el sector agroindustrial, contando con energía de calidad y mejor calidad de servicio.

También permitirá el incremento y la estabilidad de los sistemas agropecuarios, buscando minimizar las pérdidas productivas, ambientales, socioculturales y económicas.

La nueva infraestructura tendrá un significativo impacto en el sistema productivo del departamento General Roca, ocupando una superficie de 216.687 hectáreas, alcanzando de manera directa a 532 productores y a más de 15.000 vecinos de localidades de la región, entre las que se encuentran Nicolás Bruzone, Villa Valeria, Del Campillo, Sarmiento, Lecueder y De La Serna, entre otras.

Detalles de la obra

En un plazo de 18 meses se construirán 53 kilómetros de línea y dispondrá de tres conductores de fase, atendiendo las demandas de mejoramiento de la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico.

La obra está a cargo de la Unidad Ejecutora Córdoba del Ministerio de Bioagroindustria, y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, siendo la contratista Boetto Buttigliengo-Ivecor-Amper SA Consorcio de Cooperación.

“Hoy es un día muy importante para el sur-sur. La obra para el Gobierno de Córdoba es relevante porque si no existiera no podría pensarse en el desarrollo. Esta obra de infraestructura facilitará la concreción de proyectos productivos y potenciará el crecimiento de la región y la provincia”, dijo el ministro Sergio Busso.

Por su parte, el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, dijo: “Villa Valeria y toda su zona, que es clave para el desarrollo rural, dependen de una línea troncal de la que se abastecen varias localidades. Con esta obra vamos a garantizar un mejor suministro, con más energía y mejor calidad de servicio; y con tecnología de punta”.

En el acto de firma estuvieron presentes el subsecretario de Infraestructura Agropecuaria, Franco Mugnaini; el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto; Claudio Faner y Guillermo García Garro, directores en representación del sector público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), el legislador Oscar Saliba, el intendente de Villa Valeria, Claudio Medero, y de Nicolás Bruzone, Favio Irusta y representantes de las empresas.

Plan de Igualdad Territorial del Noroeste y el Sur Sur Cordobés

El pasado 1 de febrero, durante su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura Provincial, el gobernador Martín Llaryora lanzó el Plan de Igualdad Territorial del Noroeste y el Sur Sur Cordobés, una iniciativa que promueve una fuerte y planificada inversión en infraestructura; con un programa específico de promoción económica mediante incentivos fiscales y una apuesta a la educación como motor del desarrollo de las personas, todo esto en un contexto de fortalecimiento institucional de los municipios y comunas de ambas regiones.

En este sentido, Llaryora anunció que su gestión destinará hasta el 5% del total de la recaudación del impuesto de Ingresos Brutos en proyectos de desarrollo para el Noroeste y el Sur Sur de la provincia, sumado a un importante paquete de incentivos fiscales para favorecer la radicación de inversiones en estas regiones, entre otras medidas.

• Establece ante qué supuestos delitos o circunstancias se puede determinar resguardo institucional excepcional para jóvenes no punibles.
• Actualiza la legislación provincial en consonancia con los estándares internacionales y brinda respuestas eficaces y diferenciadas a esta problemática.
• Proporciona nuevas herramientas para el abordaje de situaciones que involucran a jóvenes que ingresan en el mundo del delito.

En un paso fundamental para la modernización del sistema penal juvenil, la Legislatura de Córdoba aprobó el Procedimiento Penal Juvenil, un marco normativo que garantiza el debido proceso y prioriza la reintegración social de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. La iniciativa, impulsada por los legisladores Miguel Siciliano, Julieta Rinaldi y Victoria Busso, actualiza la legislación provincial en consonancia con los estándares internacionales y brinda respuestas eficaces y diferenciadas a esta problemática.

Este nuevo procedimiento diferencia el tratamiento de jóvenes punibles y no punibles, asegurando un abordaje ajustado a principios de protección integral y justicia especializada. Además, incorpora medidas socioeducativas no privativas de la libertad como Justicia Restaurativa, Atención Temprana, Supervisión en Territorio y Libertad Asistida, evitando que la respuesta estatal se limite únicamente a la privación de la libertad.

El despacho aprobado asegura la correcta aplicación de la ley. En este sentido, el proyecto se estructura en cinco ejes centrales que marcan un avance en el sistema de justicia penal juvenil en Córdoba:

1. Aporta claridad normativa: Establece reglas generales del procedimiento penal juvenil, diferenciando con precisión el tratamiento de jóvenes punibles y no punibles.
2. Garantiza el debido proceso: Fija objetivos, plazos y proporcionalidad en las medidas aplicadas, estableciendo quién debe controlar su cumplimiento. Esto asegura que el sistema penal juvenil opere con transparencia y equidad, respetando los derechos de los adolescentes.
3. Define con precisión el resguardo institucional excepcional para jóvenes no punibles: Especifica de manera clara los supuestos en los que puede aplicarse el resguardo institucional excepcional (artículos 44 y 45), asegurando que esta medida sea utilizada solo en casos estrictamente necesarios y bajo las garantías de debido proceso.
4. Implementa medidas progresivas para la reintegración social: en un sistema de intervención gradual, permitiendo evaluar la evolución del joven a lo largo del proceso.
5. Crea una Mesa de Seguimiento y Control de las políticas públicas en la materia: órgano conformado por siete miembros representando a los distintos poderes del Estado, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de monitorear la aplicación de la ley y proponer mejoras en la implementación de las medidas socioeducativas.

Un proyecto construido con consenso y participación

El despacho aprobado es resultado de la participación de actores clave del sistema judicial, especialistas en niñez y adolescencia, y organizaciones de la sociedad civil. En su desarrollo, se realizaron mesas de trabajo organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), con la intervención de jueces del Fuero Penal Juvenil, miembros del Tribunal Superior de Justicia, fiscales especializados y defensores públicos.

Además, el texto final incorpora observaciones y mejoras propuestas por la Fiscalía General y fiscales penales juveniles.

También participaron especialistas provenientes de diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Siglo XXI y el Colegio de Abogados.

Un paso adelante en la protección de derechos y en la seguridad jurídica

La sanción de la Ley de Procedimiento Penal Juvenil posiciona a Córdoba a la vanguardia en materia de justicia penal juvenil, asegurando que la intervención del Estado sea proporcional, adecuada y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“La problemática de menores en conflicto con la Ley Penal, tiene varias aristas. Una de ellas la planteamos en noviembre del año pasado cuando solicitamos al Congreso que baje la edad de imputabilidad penal. Eso que la legislatura aprobó es lo que hoy justamente se está discutiendo en la nación. Mientras la discusión de baja de la edad de imputabilidad se da en el Congreso Nacional, también tenemos que dar la discusión en Córdoba”, señaló el legislador Miguel Siciliano.

Es por eso que, para el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, «Estamos tratando de brindarle a la justicia, al poder ejecutivo, pero centralmente a los jóvenes en conflicto con la ley penal y a la comunidad en su conjunto una herramienta que nos permita abordar de la mejor manera posible las situaciones que involucran a los jóvenes cuando ingresan al mundo del delito. Sabemos que no existen recetas mágicas, que no es solo con esta ley que vamos a resolver una problemática por demás compleja, pero también estamos convencidos que esta ley es una herramienta para que desde el estado podamos abordar esa complejidad», destacó Siciliano.

La implementación de esta normativa busca no solo mejorar la respuesta estatal ante adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también brindar herramientas concretas para su reintegración social. A través de medidas diferenciadas, claras y progresivas, el nuevo sistema penal juvenil garantiza un enfoque basado en la protección integral de los derechos y en la construcción de oportunidades para jóvenes que ingresan al sistema.